Durante toda su historia, México ha tenido una relación complicada con Estados Unidos. Ha habido guerras, intervenciones, ocupaciones y venta de territorios. La primera vez que se utilizó la aviación en un conflicto militar fue cuando el general Pershing perseguía infructuosamente al cuatrero Doroteo Arango, conocido como Pancho Villa.
En enero de 1962, cuando la dictadura del Orador Orate fue expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno de Adolfo López Mateos fue el único latinoamericano en mantener relaciones diplomáticas con el barbudo. De manera hipócrita, eso sí: por un lado informaba a la CIA de sus relaciones con los cubanos, y por otro dejó que estos convirtieran su embajada en la calle Masaryk en un búnker de espionaje y manipulación política, hasta nuestros días.
Luego, en 2018, llegó por fin a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, después de una larga y polarizadora lucha que inició en el año 2000. Desde entonces, como una hiedra, fue desarmando el sistema democrático que los mexicanos habían ido construyendo desde que se deshicieron de la “dictadura perfecta” en ese año de inicio de siglo.
El viejito instauró una política de “abrazos y no balazos” con los cárteles de la droga, especialmente con uno. No solo los dejó hacer, sino que, gracias a esa complicidad, los convirtió en estructuras multifacéticas de escala mundial. Además de la fabricación y trasiego de estupefacientes, los cárteles controlan ahora el tráfico humano, la extorsión, los secuestros, los robos a vehículos, establecimientos y viviendas, la trata de personas, la prostitución, el cobro de piso, el contrabando y el comercio informal.
En estos negocios, los cárteles compiten entre sí, no con abrazos, sino con balazos. México es hoy un campo de batalla, una carnicería. Tan solo hace dos días, en Ciudad Juárez, se encontraron 381 cuerpos embalsamados. 381 personas asesinadas y embalsamadas. Una industria de la muerte.
AMLO permitió que las aduanas mexicanas funcionaran como una agencia de contrabando, siendo el caso más emblemático el del “huachicol”, la importación ilegal de combustibles que contribuyó aún más al ruinoso estado en que se encuentra hoy Pemex, la petrolera estatal.
En sentido contrario, el viejito le llenó a Joe Biden la frontera con millones de migrantes de múltiples nacionalidades. Migrantes trasegados por los cárteles, a los que dieron a ganar miles de millones de dólares, cuando no eran extorsionados o secuestrados por las propias autoridades oficiales mexicanas.
Luego de la debacle de Biden, regresó a la Casa Blanca el pesao de Trump y, como lo había hecho en su anterior administración, paró en seco todo el relajo fronterizo. Por esa frontera no cruza ni un coyote si no tiene documentos.
Pero cerrar la frontera no significó la eliminación de la introducción de drogas desde México a Estados Unidos, especialmente de fentanilo, culpable de cien mil muertes al año por sobredosis. Cien mil muertos por culpa de este altamente adictivo compuesto. Son tantos como en un sangriento conflicto bélico. Una guerra contra Estados Unidos.
Trump calificó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Como Al-Qaeda o Isis.
Esto puso a todos los que están coludidos con los cárteles en el mismo saco de terroristas, y en México estos tienen cómplices desde lo más alto del gobierno federal hasta las policías municipales, pasando por muchas instituciones financieras.
De una forma u otra, la justicia norteamericana se hizo de varios de los principales capos de los cárteles, especialmente de los del de Sinaloa, el preferido de AMLO. Todo indica que, bajo presión, estos otrora señorones no han parado de cantar, y no precisamente narcocorridos.
Y así, poco a poco, en Estados Unidos la justicia avanza a paso lenta pero aplastante, y se ha iniciado un proceso de cancelación de visas a varios funcionarios mexicanos, mientras se preparan expedientes que cada vez van escalando más en la importancia de los imputados.
El más reciente de estos fue la vinculación con lavado de dinero del narcotráfico de la Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, recaudador de fondos para la campaña de AMLO y recompensado después con la jefatura de la Oficina de la Presidencia. Otras dos instituciones también fueron acusadas de estar vinculadas con la narcopolítica.
Mientras, Claudia, la marioneta que dejó AMLO en la presidencia, hace malabares para justificar el desastre que le heredó su mentor. Y si ella no es cómplice en lo del narcotráfico, sí lo es en terminar de desarmar la hoy desaparecida democracia mexicana, mientras deja entrar por la puerta trasera los intereses de China, Rusia y Cuba.
Pronto los mexicanos escucharán los nombres de la empresa rusa NtechLab y, la propiedad del gobierno de los Panzones, DATYS. ¿A que se dedican? Generan programas biométricos para reconocimiento facial y por huellas digitales. ¿Donde los han implementado? Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y, pronto, en México.
Quizás por ello la fiscal general Pam Bondi incluyó a México en la lista de adversarios de Estados Unidos. El vecino hipócrita acompaña ahora a Rusia, China e Irán.
Claudia, mientras tanto, con ese carisma que la caracteriza, dice que “a México se le respeta”.
El problema es que a ella no.
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