La tromba de deportaciones ejecutadas por órdenes del presidente Trump nos ha tomado a todos por sorpresa. Supuestamente se iban a focalizar en personas con estatus ilegal que tuvieran antecedentes penales, pero el objetivo de la Casa Blanca de lograr tres mil deportaciones al día es indicativo de que eso no es cierto.
Como se dice comúnmente, pagarán justos por pecadores.
Como les he dicho antes, la liga se estiró demasiado cuando durante todo el gobierno de Joe Biden entraron por la frontera sur millones de personas. La gran mayoría aún permanece en territorio norteamericano, pasaron sin verificación alguna. Entre ellos hay muchísimos justos, pero, no lo dude, también hay pecadores.
Y entre estos últimos igualmente hay niveles. En este país, como en muchos otros, una persona puede tener antecedentes penales desde un delito menor hasta un acto de terror. Si Trump logra deportar a tres mil diarios se irán todos estos, más muchos inocentes que solo buscaban vivir y trabajar en paz.
El problema moral es que son personas, no estadísticas. No importa de dónde vengan.
La administración Trump está revirtiendo el Estatus de Protección Temporal, TPS en inglés, que amparaba humanitariamente a personas provenientes de ciertos países en crisis económica o política.
También el "parole", por el que miles de cubanos entraron con la ilusión de permanecer de forma permanente en Estados Unidos, ha sido regresado a su concepto real de permiso temporal, sin necesariamente conducir a una residencia definitiva.
Muchos cubanos que entraron con el parole —que en inglés significa libertad condicional— solicitaron asilo político para así regularizar su estatus migratorio y no ser devueltos a la isla cautiva o a un tercer país.
Un tercer país que no crea que será España o Japón. Dos cubanos, delincuentes convictos, fueron deportados a Sudán del Sur, un país en plena guerra civil.
Y aquí entra el dilema.
Sucede que muchos de los que reciben el derecho de asilo, basado en la represión imperante en Cuba, al poco tiempo de obtener su tarjeta de residencia norteamericana están sentados en un avión camino a La Habana.
Se regularizan como exiliados y de inmediato se convierten en simples emigrantes.
Van de regreso al mismo lugar de donde, según ellos, huyeron por correr peligro su libertad o su vida. Escaparon de su verdugo, pero regresan a sus brazos. A financiarlos con sus dólares.
Allí los Panzones los reciben con los bolsillos abiertos. Dólares para alimentar su dictadura parasitaria. Dólares que el emigrado ganó con su trabajo o que recibió como ayuda del gobierno.
Dinero del contribuyente norteamericano financiando un país catalogado, desde hace cuatro años, como "patrocinador del terrorismo".
Desde el punto de vista humano es innegable el instinto de querer socorrer a tus seres queridos allí cautivos. Mucho más en las condiciones de estado fallido en que la Junta de los Barrigones ha sumido a la isla.
Pero ante los ojos de la ley norteamericana es una contradicción beneficiarse de un asilo político para luego vivir como un emigrado, con el cordón umbilical todavía conectado al país-cárcel de donde huyeron.
Sus almas son de justos, pero para la ley son pecadores.
Hemos erosionado la santidad del derecho de asilo, del "miedo razonable", y al parecer, como se titula mi libro, se acabó la diversión.
Postdata: Ayer 2 de julio los Barrigones, miedosos que son, reprimieron de diversas maneras a los libres que, como nosotros, solo iban a celebrar el Día de la Independencia del país desde el que, paradójicamente, le llegan los dólares que los mantienen.
Verdugos miedosos. Miedo a la libertad.
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